La finca raíz es una de las mejores inversiones que podemos tener, incluso como colombianos en el exterior, para asegurar una propiedad y rentabilidad a largo plazo en casa. De hecho, muchos colombianos deciden invertir en finca raíz en sus ciudades debido a la comodidad de los precios, y ante la posibilidad de asegurar su futuro, deciden arrendar las propiedades mientras no las están ocupando, aprovechando así las diferencias de divisa para financiar mejor sus pagos. 

Debido a que muchos arrendadores colombianos residen en el exterior y dependen de esos ingresos, muchos se alarmaron con las medidas de confinamiento que se expidieron para contrarrestar el impacto del Covid-19, que impedía a muchas personas salir de su casa a trabajar, por lo que se previó que muchos arrendatarios se atrasaran en sus obligaciones de arriendo. Para tratar de mitigar los efectos económicos de la cuarentena, el gobierno colombiano expidió el decreto 579 de 2020, que permitió flexibilidad al prohibir el cobro de intereses de mora en el caso de los pagos tardíos y evitó los desalojos a quienes no puedan cancelar sus obligaciones, pero la vigencia del mismo solo se extendió hasta el pasado 30 de junio. 

Sin embargo, son muchos los colombianos que no han podido retornar a sus trabajos y también muchos los que perdieron sus empleos a causa de los recortes debido a la pandemia, por lo que quedan muchas dudas entre arrendadores y arrendatarios con respecto a las posibilidades a la hora de hacer cumplir los contratos de renta. Si eres una de los que no sabe qué puede hacerse y qué no en materia de arriendos, aquí te contamos las generalidades de arrendar en medio de una pandemia. 

Lo que aprobó el gobierno: el decreto 579 de 2020 estableció medidas transitorias para mitigar los estragos del Covid-19 en el pago de cánones de arriendo permitiendo que, durante el periodo que estuvieran vigentes, arrendadores y arrendatarios pudieran acordar un poco más de flexibilidad en los pagos, y le prohibió a los arrendadores cobrar intereses por mora o solicitar desalojos. Sin embargo, los expertos advirtieron que la fecha no sería suficiente, pues aún se sienten los efectos de medidas de confinamiento en casi todo el país. Debido a la naturaleza del decreto, las medidas no se pueden prorrogar y, a la fecha, el gobierno nacional no ha dado luces sobre alguna nueva medida, por lo que se asume que los contratos siguen sus condiciones normales desde el 1ro de julio.

¿Qué significa para los arrendadores? Primeramente, la posibilidad de recibir una mayor certeza de pago por parte de los arrendatarios, pese a que el Ministerio de Vivienda pidió a las partes involucradas “la consecución de acuerdos para sobrellevar la emergencia”. Desde el 1ro de julio los arrendadores podrán exigir el pago de cánones de arriendo de manera normal, o bien escoger llegar a acuerdos con los arrendatarios dependiendo de la situación. Asimismo, es posible que un arrendador incremente el valor del arriendo si se cumplió la fecha establecida para ello, pues parte del decreto de emergencia prohibía dicha acción, igual que ocurre con las prórrogas de contrato de arrendamiento. Si es necesario, debe redactarse y firmarse un nuevo contrato entre las partes. Los arrendadores también tienen la posibilidad de requerir el desalojo de su propiedad en caso de incumplimiento de las obligaciones de las partes. Para quienes tienen propiedad horizontal, una buena noticia es que continúa la realización de asambleas de propietarios de manera virtual, para prevenir aglomeraciones y siguiendo las indicaciones de las autoridades locales y municipales. 

Lo que no se puede hacer: pese a que las medidas del gobierno perdieron vigencia, voceros del ministerio recordaron varios puntos que los arrendadores deben tener en cuenta, uno de ellos, que no está permitido sumar intereses por mora ni penalidades de ningún tipo correspondientes a los meses que cobija el decreto que expiró (de abril a junio de 2020). El Ministerio también es enfático en cuanto al tema de los desalojos, que si bien son posibles desde el 1ro de julio, solo podrán llevarse a cabo si se cuenta con una orden judicial. 

Los locales, con otras condiciones: debido a que las medidas de confinamiento han obligado al cierre temporal de muchos establecimientos comerciales, dependiendo de cada municipio, el gobierno expidió un decreto por separado, el 797 de 2020, en el cual se establece la posibilidad de que los arrendatarios de un local comercial terminen unilateralmente el contrato de arriendo si es imposible continuar con su actividad comercial. Estos negocios incluyen una variedad como restaurantes, bares, teatros y canchas deportivas, entre otros. Sin embargo, y en caso de que esa sea la decisión final, el arrendador de dicho local recibirá un tercio de la cláusula de cancelación temprana de contrato que ha debido pautarse con anterioridad. 

Es evidente que la situación requiere de medidas excepcionales, pero las autoridades son claras en que lo mejor siempre es la salida concertada que lleve a un beneficio para todos. En caso de no tener claras las normas, lo más recomendable es buscar asesoría profesional para evitarse inconvenientes. Para estar al día con las noticias relacionada a este tema, el Ministerio de Vivienda tiene a la mano una serie de recursos que brindan información rápida y atención personalizada. 

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